Después de conseguir la aprobación de la prórroga de la sede de pago para los bonistas que no ingresaron al canje de la deuda pública (holdouts) y de la enmienda a la Ley de Abastecimiento, el oficialismo regresa a la carga con un proyecto que parecía olvidado: el código que unifica la legislación civil y comercial. De un momento para el otro (y visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al papa Francisco de por medio), la propuesta presentada en 2012 volvió al centro de la escena política propulsada por la pretensión de los diputados embanderados con el Gobierno de convertirla en ley este mismo miércoles.

El trámite en la Cámara Baja se anticipa expeditivo. Esto porque los parlamentarios kirchneristas habrían recibido la orden de sancionar el texto como vino de la Cámara Alta. En otras palabras, de no tocar ni una coma, pese al deseo del senador Miguel Ángel Pichetto (FpV) de que Diputados se permita la discusión. “La verdad es que yo no comparto (algunas cuestiones). Voy a funcionar, por supuesto, como siempre he funcionado –y, además, represento a la mayoría–, con un concepto de disciplina política”, dijo Pichetto el 28 de noviembre pasado, en el recinto, antes de votar a favor del proyecto oficialista.

En particular, el senador kirchnerista había objetado los cambios introducidos por influencia de la Iglesia católica, como la prohibición del alquiler del vientre y de la fecundación post mórtem, que estaban en el anteproyecto original. Al respecto, el artículo que más asperezas genera es el 19, que establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y que no considera los casos de fertilización asistida. “El artículo 19 no me satisface. Yo tengo un pensamiento laico; digamos, las cosas que son del Estado son del Estado y las que son de Dios son de Dios”, expresó Pichetto antes de pedir a los diputados que corrijan la cuestión.

El tiempo lo dirá

El proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación nació de la comisión de juristas que supervisó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la participación de su par Elena Highton de Nolasco y de la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. El producto de aquel equipo, cuya aparición coincidió con la aspiración de “democratizar la Justicia”, pasó luego a manos del Poder Ejecutivo, que concretó varios cambios, entre ellos, quitó lo referido a la responsabilidad del Estado (luego impulsó una ley especial a la postre sancionada, otra vez, sólo con los votos de la mayoría). A continuación, el Congreso creó una comisión bicameral que celebró una quincena de audiencias públicas y recibió 903 ponencias.

“Hubo un trámite parlamentario original. Estoy seguro de que el proyecto tuvo debate y de la oportunidad de su sanción. Por otro lado, la votación a libro cerrado (sin entrar a discutir artículo por artículo) está justificada en el caso de los códigos”, opinó Alfredo Carlos Dato, diputado tucumano (FpV) y miembro de la bicameral. El legislador aseguró que esta obra “homologa” las nuevas realidades sociales en materia de adopción, matrimonio, reproducción humana asistida, tecnología, sociedades comerciales, etcétera. “Me parece un avance. La presencia de grupos minoritarios requería de un ajuste que esta legislación asume. No es cierto que hayamos terminado haciendo ‘un traje de arlequín’”, dijo Dato y desmintió que la eliminación de la responsabilidad civil del Estado produzca impunidad, como sostiene la oposición.

Si finalmente es aprobada, la propuesta de reforma del derecho privado de mayor significación desde la sanción del código de Dalmacio Vélez Sársfield (en vigor desde 1871) empezaría a regir a partir de 2016. Ese plazo permitiría a la sociedad acomodarse al nuevo código unificado y aliviaría a las editoriales especializadas, que, como consecuencia del cambio inminente -que no termina de concretarse-, ni venden los libros que explican y comentan la legislación en vías de extinción ni pueden aún comercializar los trabajos inspirados en el sistema legal que la reemplazará.

Tal y como sucedió en el ámbito del Senado, las minorías estarían decididas a no participar en el tratamiento de un proyecto de 2.671 artículos que desde luego puede ser aprobado sin sus votos. El tiempo dirá si esta tesitura forma parte del fenómeno de reproducción de disidencias que la codificación naturalmente despierta, según el mensaje de elevación del Código Civil que en 1869 suscribieron Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda; si fue una resistencia justa o si se trató, como deslizó Lorenzetti en la presentación de la iniciativa, de una falta de la grandeza y de la madurez que reclamaba el pueblo.